Este año por primera vez que fui proveedor directo de un par de organismo de la administración pública del estado Argentino, en todos los casos por cuestiones de capacitación IT y es justamente en estas experiencias que están inspiradas estas líneas. Pero hay que destacar, que casualmente (o no tanto), estas experiencias coinciden con tantas otras experiencias que me han comentado varios colegas.

Antes de continuar me parece importante aclarar que esto no es una crítica a la administración actual (ni a la anterior), o mejor dicho: no es una crítica a ninguna administración en particular al mismo tiempo que es una crítica a todas las administraciones por no haber solucionado la cuestión.

Reescribí estas líneas varias veces de cara a intentar que la lectura sea lo más fluida posible y que al mismo tiempo sea fácil de entender. Primero describo el flujo y luego entro en los detalles e implicancias de cada paso.

1. El estado requiere contratar capacitación para lo cual hace un convocatoria. Dependiendo de la envergadura del presupuesto esa convocatoria puede ser más o menos formal, más o menos burocrática.
2. En cualquier caso, uno termina presentando una propuesta.
3. El estado evalúa las propuestas recibidas y elige una.
4. El proveedor adjudicado realiza la capacitación de acuerdo a lo pactado.
5. El estado verifica que la capacitación fue efectivamente completada de acuerdo a pactado y da intervención al área encargada de pagar, la cual coordina con el proveedor para que presente la documentación pertinente.
6. El proveedor presenta la documentación correspondiente que típicamente incluye una factura entre otras cosas.
7. Finalmente el estado realiza el pago

Este flujo es bastante genérico y no resulta muy distinto a lo que ocurre con empresas grandes (en las empresas chicas el flujo suele resultar más simple porque del lado del contratante suele haber menos áreas/personas involucradas). Ahora bien, el tema central aquí es el tiempo calendario. Desde la presentación de la propuesta hasta la adjudicación de la misma y de ahí hasta el dictado de la capacitación, pueden pasar varios meses. Más aún, una vez finalizado el dictado de la capacitación puede que el pago no sea inmediato. Esto tiene especial impacto en contextos altamente inflacionarios como los que habitualmente se viven en Argentina. Esta situación «obliga» a los proveedores a «inflar» los valores. O sea, si la capacitación tiene un valor X al momento de la cotización, pero se sabe que será cobrada N meses después, el proveedor presenta un presupuesto Z (bastante mayor X) para estar cubierto por las variaciones inflacionarias. Pero la cuestión no termina ahí, si el proveedor es una empresa chica (o directamente una empresa unipersonal) puede que su estructura financiera no le permita afrontar los largos tiempos que típicamente se toma el estado para concretar los pagos. Resumiendo: los largos plazos de pago del estado provocan que:

1. Los pequeños proveedores queden fuera de juego por no tener la espalda financiera para hacer frente a los largos plazos de pago
   
2. El estado termine pagando más caro por el servicio por el colchón que pone el proveedor para cubrirse del pago retrasado

A esto, alguien podría agregar que contratar empresas más grandes, implica pagar precios más caros pues los costos operativos de la empresa grande son más caros que los de una empresa pequeña sobre todo en el rubro capacitación IT. Yo no estoy tan seguro de esto y por ello no voy a profundizar en este punto. Por eso quiero volver a los puntos (1) y (2). Una consecuencia de esto es que al dejar afuera a los pequeños proveedores, se genera una mayor concentraron en las grandes empresas, algo que a mi parecer el estado debería intentar evitar. Puede que aquí esté influyendo cierta cuestión política/ideológica, pero dejemos al margen el rol del estado regulador/justiciero. Si las pequeñas empresas pudieran convertirse en proveedores del estado, eso podría incentivar un ecosistemas más diverso de proveedores, promoviendo la competencia y ayudando a los pequeños emprendedores. Pero no termina aquí, en algunos escenarios es aún peor, el estado pide ciertos «avales» para que el proveedor pueda presentar su propuesta. Esto parece razonable para ciertos proyectos de gran envergadura, pero sin duda para cuestiones de IT hay convocatorias en las que perfectamente podrían obviarse esos «avales» que muchas veces las empresas chicas no tienen y que las dejan fuera de la convocatoria.

En un punto es un círculo vicioso: la operatoria del estado deja fuera a los pequeños proveedores, concentrando las contrataciones en las empresas grandes, haciendo que cada vez sean menos los potenciales proveedores. Cuanto menos oferta, más caros son los precios. Al aumentar los precios aumentan los presupuestos y el riesgo financiero que afecta cada vez más a los proveedores y achica la cantidad de potenciales proveedores. Y esto concentra cada vez las contrataciones en las grandes empresas y disminuye la oferta…